Todo el mundo se pregunta por qué no se ha producido el número de usuarios del bono social eléctrico aprobado por el gobierno en 2017. No se han cumplido las expectativas de 2 millones de personas que se preveía como beneficiarios, sólo lo han solicitado 700.000. Sin embargo según datos oficiales la necesidad social existe ¿Entonces qué está pasando?
Suministro eléctrico para hogares
El bono social eléctrico, tal y como define la Secretaría de Estado de energía del Gobierno de España es un descuento en la factura eléctrica.
- De un 25% para consumidores vulnerables que cumplan los requisitos establecidos.
- De un 40% para consumidores vulnerables severos que cumplan los requisitos establecidos.
- Si además, se es un consumidor en riesgo de exclusión social, porque se está siendo atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que paguen al menos el 50% de la factura, no se tendrá que hacer frente a la factura eléctrica y, en caso de imposibilidad temporal para hacer frente al pago, no se podrá interrumpir el suministro eléctrico.
por otro lado otros beneficios del bono social son:
- El bono social de electricidad le permitirá también disponer de facturas eléctricas más claras, “sin letra pequeña”, en las que lo que se paga por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales.
- Los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores (un periodo de 4 meses desde la primera notificación de impago, frente al plazo general de 2 meses).
Esto fue regulado El 7 de octubre y el 9 de octubre de 2017 fueron publicados el Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica y la Orden ETU/943/2017, de 6 de octubre, que lo desarrolla, respectivamente.
Desde el Consejo General del Trabajo Social y los Colegios Profesionales del Trabajo Social hemos analizado algunas de las dificultades que plantea este bono para poder entender un poco más e por qué de su falta de eficacia, os dejo parte del análisis en el programa de radio de Onda Cero Radio:
ANÁLISIS EN MÁS DE UNO
La dificultad para tramitar el bono social de electricidad
La ministra Teresa Ribera anunció una suspensión del impuesto de la electricidad y que potenciarán los bonos sociales. Para ello puso un plazo de renovación antes del 8 de octubre. Sin embargo en Más de uno escuchamos a Ana, una usuaria del bono social, que comenta la dificultad para solicitarlo. Por su parte, Raúl Flores, analista e investigador social, sobre pobreza y exclusión social en CARITAS habla de la situación que encuentran a este tipo de personas. Por último, Ana Lima, Presidenta del Consejo General del Trabajo Social de España, afirma que «es un trámite muy farragoso y muchas personas no se atreven a solicitarlo por sí solas».
En primer lugar vemos que existe una contradicción en la estrategia política ya que el suministro eléctrico tiene una imposición de un 21% de IVA , propio de los productos de lujo. Sin embargo el suministro eléctrico es una necesidad básica.
Suprimir el impuesto específico sobre la electricidad tendría un efecto de un ahorro entre 50 a 100 euros de la factura de la luz, por ello se ha convertido en una demanda cada vez más reiterativa del Gobierno. También los es para los consumidores y las familias que no quieren parches
El Bono Social Eléctrico se regula desde economía implicando a otros sistemas y niveles de la administración
- Es una cuestión de economía que no se ha consensuado con los Servicios Sociales y les implica en parte de la gestión y en gasto económico, además los Servicios Sociales no tienen entre sus funciones trabajar para las eléctricas, sino informar y hacer acompañamiento social a las familias en general y en especial a las que están en exclusión social
- Genera desigualdad en la ciudadanía porque cada Comunidad Autónoma (CCAA) lo está gestionando a su manera y además se da una falta de liderazgo de las CCAA frente a las Corporaciones locales (CCLL) en este tema. En muchas de las CCAA no se han dado instrucciones sobre esta cuestión
- No se ha aclarado cuanto les va a costar esto a los Ayuntamientos y las CCAAA piden al Estado que lo aclare y piden una modificación del decreto para solventar esta situación
- Existe una falta de claridad en el objetivo, los criterios para las categorías de consumidor en riesgo de exclusión social que se valora por los servicios sociales autonómicos o locales y acuerdos con las eléctricas para determinar estos criterios, además de tener un contrato PVPC se tienen en cuenta los siguientes requisitos personales, familiares y de renta:
- Para ser consumidor vulnerable (25% de descuento)
- Para ser consumidor vulnerable severo (40% de descuento)
- Para ser consumidor en riesgo de exclusión social
- Lo que normalmente se está dando es que que se tramite en las eléctricas y desde Servicios Sociales se informe y sólo se intervenga cuando se ha producido un corte de luz
Por otro lado, vemos cómo se han generado graves dificultades en cuestiones de tramitación, acreditación y documentación de los descuentos de este bono debido a un planteamiento de Tramitación farragosa en la que las mismas personas encargadas de la gestión en las compañías eléctricas no tenían claros los criterios de tramitación para aplicar los descuentos por categorías, ni tampoco qué documentación acreditativa solicitar, ni qué organismos la debían certificar.
Un claro ejemplo es que en algunos casos se han pedido los certificados de discapacidad a los servicios social desde los ayuntamientos porque no se han admitido los de los centros oficiales de valoración de discapacidad, otra es que a las viudas o viudos no se les ha admitido la certificación de la pensión de viudedad solicitando además certificados del registro civil etc.
Además se ha confundido el bono social eléctrico con las ayudas de emergencia u otros fondos de los Servicios Sociales de las CCLL, todo ello con la falta información general y de instrucciones claras ha producido situaciones indeseables de denegación o retraso que ha desanimado a la gente a solicitarlo de nuevo y de ahí ese fiasco en la demanda de este descuento en las compañías eléctricas.
Con la actual modificación las personas que ya lo percibían tienen que volver a tramitarlo de nuevo, se han cambiado algunos requisitos en cuanto a la potencia máxima, ingresos y sólo para primeras residencias, dentro de las categorías de vulnerabilidad se tiene en cuenta la situación de discapacidad, las víctimas de violencia de género y de terrorismo
Algunas propuestas:
- Realización de instrucciones claras en los tres niveles de la administración
- Definición del coste de esta medida a los servicios sociales municipales
- Modificación del procedimiento en los casos de riesgo de exclusión social
- Definición de criterios para las categorías de consumidor en riesgo de exclusión social que garanticen la igualdad en los distintos territorios
- Prorroga automática para los antiguos beneficiarios que cumplan los requisitos en el nuevo modelo
