Diferentes voces denuncian irregularidades en los casos de niñas y niños tutelados por la Administración
La especulación del suelo y la construcción también forman parte de este complicado entramado en torno a la tutela de los menores. El incremento de niñas y niños en centros de acogida, ha motivado que algunas administraciones fomenten la construcción de nuevos centros que acaban siendo gestionados por fundaciones.
Para Ana Isabel Lima Fernández, Presidenta del Consejo general del Trabajo Social de España y de la Federación Europea de Trabajo Social (IFSW Europe), este enfoque es alarmista. Sin embargo, a la hora de responder a Diario16 sobre si están garantizados los derechos de los menores en estos centros tutelados que dependen de empresas, órdenes religiosas u otras ONG´s, explica que “Podrían estarlo, como otros servicios sociales especializados que son gestionados de esta manera, son de titularidad pública, pero están prestados por entidades privadas o del tercer sector”. Lima cree que hay que dejar claro que “en los últimos años ha habido recortes sociales que también han afectado a los centros de protección a la infancia y en la medida de que no se pongan los medios suficientes para cumplir las leyes nos podríamos encontrar con deficiencias”.
Sin embargo, la máxima representante de los Trabajadores Sociales en España y Europa cree que “no se puede generalizar, depende de cada contratación, de los medios con se les dote, el personal, los centros y el control y la inspección necesaria que debe hacer la administración para que se cumplan los requisitos planteados en los contratos”.
Ana Lima entiende, a diferencia de Consuelo García del Cid, que no es tan fácil arrebatar a una familia a su hijo o hija. Desde la experiencia profesional del sector, afirma con contundencia a Diario16 que “ en mi opinión no es nada fácil, antes de tomar una de las medidas hay que hacer una buena valoración de cada situación y normalmente existen comisiones para valorar casos desde diferentes áreas del entorno del niño o niña donde otros profesionales son consultados”.
Las cuestiones de la infancia –explica Lima- “suelen ser situaciones de abordaje complejo y, dependiendo del nivel de riesgo, se plantea un trabajo previo con la familia para evitar proponer tomar medidas como la retirada de tutela por ejemplo. Normalmente son procesos muy largos y muy bien argumentados, así como son muy duros para los profesionales”.
Según aclara la representante de los trabajadores sociales, el proceso de tutela del menor funciona de la siguiente manera: “habitualmente otras áreas como educación, salud, vecinos etc., comunican a los servicios sociales de los ayuntamientos situaciones de riesgo de desamparo y son los profesionales de servicios sociales son los que primero estudian la situación, se reúnen para valorar con otros profesionales e intentan apoyar a la familia haciendo planes de intervención, sólo si eso no funciona se propone tomas una medida a los servicios sociales de la comunidad autónoma que toma una medida administrativa”.
