Si hacemos un repaso de la conceptualización de la pobreza y la exclusión social, como trabajadora social prefiero hablar en términos de exclusión e inclusión social. La pobreza es entendida como una situación de carencia económica para cubrir necesidades básicas marcadas que contribuyan a llevar una vida digna y esto depende también de cada contexto social. Sin embargo la exclusión social es un concepto multidimensional que tiene en cuenta no sólo cuestiones de restricción económica, sino de acceso al empleo, a la educación, la salud, a una vivienda digna y a las dificultades en el ámbito de las relaciones familiares y sociales.
Me parece importante hacer esta apreciación porque en función de ello nos podemos plantear que la lucha contra esta lacra es muy compleja y necesita poner en marcha estrategias multidimensionales en todas esas áreas. Si se trata de erradicar la pobreza hay que pensar en que es fundamental una garantía de rentas a la población. Pero si hablamos de inclusión social debemos reforzar los sistemas de protección social para conseguirla.
En el marco europeo, por ejemplo, a través de las políticas sociales se ha conseguido desterrar la pobreza en importantes capas de la población. Pero a su vez no se ha conseguido erradicar la pobreza absoluta y las medidas económicas de austeridad adoptadas a partir de 2010 en los sistema de protección social han contribuido al incremento del riesgo de pobreza y el aumento de la desigualdad social, poniendo en peligro la cohesión social.
Si nos movemos en un marco de derechos hay que hablar de medidas legislativas que incluyan esos derechos sociales y de desarrollos reglamentarios que los garanticen, superando las acciones benéfico-asistenciales desde donde se atiende nada más que a colectivos vulnerables en situaciones de manifiesta necesidad social. En el contexto actual, ya no sólo hay que centrarse en poner en marcha medidas a colectivos específicos, ya que han ido surgiendo nuevas formas de pobreza como el denominado precariado o los asalariados pobres que nos indican que habría que aspirar a la garantía de la igualdad para toda la población. Es por ello que las medidas de lucha contra la pobreza deben abordar tanto medidas de crecimiento económico como medidas de bienestar social, apoyar a los grupos más vulnerables, garantizar unos ingresos mínimos a toda la población, asegurar la equidad en el acceso a la educación, la salud, la vivienda y los servicios sociales. No es baladí que ante los cambios en el sistema de producción, una de las medidas que se está planteando en Europa es la necesidad de una garantía de rentas como derecho de ciudadanía para frenar la acelerada carrera de la desigualdad.
Entiendo que el discurso europeo es poco innovador y me planteo que sería más válido y efectivo si no se limitara a ayudar a las personas en situación extrema y pasase a cuestionar el modelo de producción existente con el protagonismo de leyes económicas que están por encima del desarrollo humano y que expone a gran parte de la población a la exclusión social.
Ana Isabel Lima, Presidenta del Consejo General del Trabaja Social y de la Federación Europea de Trabajo Social, Alianza Española contra la Pobreza
