El día 10 de diciembre de 2014, día de los Derechos Humanos, una delegación española de trabajadores y trabajadoras sociales y personas usuarias de los servicios sociales ha viajado a Bruselas para denunciar en el Parlamento Europeo la vulneración de derechos humanos que sufren cada vez más familias, ofreciendo datos y casos concretos.
Presentando un Manifiesto de posicionamiento de la profesión sobre el tema.: Manifiesto Consejo General sobre La Garantía de los DDHH como verdadero indicador de una transformación social y económica.
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Igualmente nos reunimos con los representantes de varios partidos de España con representación en el Parlamento Europeo. La solicitud de reunión se envió a todos. Finalmente, nos recibieron:PSOE, ERC, IU, UPyD, Compromís, Alternativa Galega de Esquerda, Podemos y PNV.
Intervención de Ana Lima en le Parlamento Europeo. «Las Cinco Claves de la ONU para valorar si se vulneran los Derechos Humanos a consecuencia de los recortes sociales en Políticas Sociales».Bruselas 10 de diciembre de 2014.
“El estado Bienestar está muriendo”.
Está abandonando a su suerte a millones de familias.
“Larga vida al Estado de Bienestar”.
Es aquí, en el balcón de este Parlamento Europeo, donde trabajadores sociales, acompañados por varias familias a las que ayudamos a diario, clamamos por un Estado que vele porque toda su ciudadanía viva una vida que merezca ser vivida.
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Hoy, Día de los Derechos Humanos, los trabajadores y trabajadoras sociales elevamos la voz para recordar que es necesario retomar el espíritu de la igualdad y adaptar los principios del Estado de Bienestar a nuestros días. Debemos para ello mantener los principios de singularidad, reciprocidad y comunidad, desde la legitimidad de las nuevas políticas de redistribución.
Estamos en este foro trabajadores y trabajadoras sociales de varias comunidades autónomas de España. Vamos a identificar varios de los puntos donde se están vulnerando los derechos de las personas. Y vamos a contar con el testimonio de varias de ellas.
No somos los únicos que venimos denunciando los efectos devastadores que las políticas de austeridad están causando a las familias. Referentes en este ámbito como Amnistía Internacional han identificado como puntos negros de los derechos humanos en España la impunidad policial, la inmigración y los desahucios. Los y las trabajadoras sociales y las familias aquí presentes queremos mostraros hoy la realidad del día a día de millones de españoles y españolas. La realidad del vecino, del primo, del amigo y, quien sabe, si de uno mismo.
Deseamos que nuestra intervención contribuya a que la vieja Europa, cuna de la democracia y del Estado del Bienestar, retome las riendas de aquellos principios y valores que la hicieron fuerte.
Sabemos que la desigualdad ha aumentado desde el inicio de la crisis, pero también sabemos que la propia desigualdad de la renta y la riqueza es la causante de las crisis. A pesar de que el imaginario colectivo apunta solo a banqueros incompetentes y al neocapitalismo, existen causas estructurales que preceden a la crisis: la desigual distribución de rentas entre individuos y clases sociales.
En nuestra sociedad, se lamenta en general, lo que luego aceptamos desde lo particular. Pasa con la pobreza infantil y la violencia de género, por ejemplo. Tendemos a escandalizarnos de los datos globales. Pero cuando evaluamos las situaciones particulares, culpamos muchas veces a las personas de su propia situación de desventaja. Fomentamos de este modo la aceptación de las desigualdades en la sociedad. Desigualdades, por otra parte, que cuando se relacionan con el mérito son socialmente aplaudidas. Lamentablemente, esta aceptación se muestra en acciones como la evasión de impuestos, que perjudican al conjunto. Nos lleva a situaciones de destrucción de las bases de lo común.
Además del aumento de la desigualdad en rentas y riquezas, la larga crisis en España está siendo acompañada de recortes sociales en derechos y oportunidades. Como consecuencia de todo ello, tenemos unas tasas muy elevadas en desempleo y en desahucios. Ha aumentado la pobreza y se ha roto la cohesión social. Estos recortes en los sistemas de protección, que os iremos detallando a lo largo de esta jornada, son contrarios a la carta social europea.
Según el último informe de salarios y desigualdad emitido por la Organización Internacional del Trabajo, España somos, junto a Estados Unidos, el país desarrollado donde más ha aumentado la desigualdad en los salarios.
La desigualdad daña la política, frena el crecimiento económico, el desarrollo humano y reduce la movilidad social. Sus efectos no se limitan a las generaciones presentes. Lastrarán la productividad, la natalidad y la cohesión democrática de las generaciones venideras.
Por todo ello, denunciamos hoy aquí que las medidas de austeridad con el gasto público y su efecto en la población pueden estar vulnerando los derechos humanos.
Como parte de los derechos fundamentales reconocidos por las Constituciones europeas a partir de la constitución de Weimar, los derechos sociales, implicados en la construcción del estado social, siempre han tenido una consideración y posición peculiar en el ordenamiento jurídico.
Por una parte, a diferencia de los derechos civiles y políticos, requieren una acción positiva del Estado. Por ejemplo, mientras la libertad de conciencia se garantiza sobre todo por un no hacer del Estado, el derecho a la vivienda exige una acción positiva: requiere una regulación determinada y una inversión de recursos.
Por otra parte, se alza la cuestión de las garantías que el Estado establece sobre los derechos sociales, en especial, su acceso a la tutela directa de los tribunales. Es decir, lo que nos permite concebir los derechos sociales como plenos derechos fundamentales es la posibilidad de que, en alguna medida, su titular esté en condiciones de exigir mediante una demanda o queja que se dicte una sentencia que garantice su derecho.
Es claro en nuestro ordenamiento que la tutela de los derechos sociales, (Principios rectores de la política social y económica como los denomina el capítulo Tercero del Título I de la Constitución de 1978) sólo son exigibles a través de la normativa que los desarrolla y ésta puede existir o no, por tanto su efectividad se torna, en cierto modo, precaria.
Voy a poner un ejemplo: la actual situación relacionada con los desahucios en España sólo puede tratarse judicialmente como una cuestión de derecho privado: contratación civil y normativa hipotecaria. Pero es difícil presentarla judicialmente como una quiebra del derecho fundamental a una vivienda digna y adecuada que recoge el artículo 47 de la Constitución.
En situaciones de crisis e incremento de la desigualdad a la que antes nos referíamos, este debilitamiento de las garantías de los derechos sociales se convierte en un problema añadido para amplios sectores de población, que conduce a que la defensa de las situaciones de hecho se traslade a los movimientos sociales y la participación ciudadana.
Comienza a ser opinión común que la presente crisis se destaca por su impacto en los derechos colectivos y la amenaza que ello supone a la ciudadanía. Se continua insistiendo en que los derechos sociales son una exigencia del principio de solidaridad e imprescindibles para la cohesión y la integración. Pero, paradójicamente, se acepta que no es posible reforzarlos si antes no se han restringido, porque esto último aparece como condición indispensable para apaciguar a los poderes del mercado que operan al margen de todo control y límite jurídico. Nos hacemos eco del discurso del renombrado Gerardo Pisarello.
Indicadores:
Pese a todo, hoy podremos comprobar cómo existen indicadores para poder medir cómo los recortes económicos en políticas sociales pueden llegar a situaciones de vulneración de los derechos humanos:
– Los indicadores estructurales recogidos en los tratados internacionales de derechos humanos relacionados con derechos sociales, como el derecho a la vivienda apropiada, y ratificados por el Estado Español. También analizaremos la cobertura de las políticas sociales en educación, salud, servicios sociales, dependencia y rentas mínimas de inserción.
– También tendremos en cuenta os indicadores de proceso, que pueden evaluar los esfuerzos del Estado Español mediante la aplicación de medidas de política y programas de acción para transformar los derechos humanos en los resultados deseados.
Entendemos que las medidas basadas en incentivos y en acciones de sensibilización aplicadas para la garantía derechos humanos desde los particulares es insuficiente. No solo eso, sino que se ha reducido en los últimos años, a pesar del aumento de la demanda. Se da una clara evidencia en los servicios sociales.
Los indicadores que reflejan el funcionamiento de instituciones específicas como el sistema judicial pocas veces llevan a término reparaciones en estos temas, si bien en algunos casos han elaborado informes donde exponen la gran incidencia de desahucios o situaciones de exclusión desde el inicio de la crisis. En mucha ocasiones solicitan informes sociales para poder valorar las medidas que dictaminan.
– Los indicadores de resultados tienen que ver con los datos del desempleo y la escasa participación en el sistema contributivo, el aumento de la pobreza y la exclusión social.
Los casos en los que se ha reclamado y han sido reparados son escasos o excepcionales, a pesar de la existencia de leyes que garantizan derechos subjetivos, como es el caso de la dependencia.
Parece que la desigualdad se inicia en muchos países del mundo a través del mercado laboral precario, tal y como pasa en España y a quien más afecta es a las mujeres, los migrantes y los trabajadores de la economía sumergida.
Los logros conseguidos en cuanto a las coberturas de los sistemas de protección, tanto en salud como en servicios sociales, han sido progresivos y evidentes desde la década de los años 80. Sin embargo, en estos últimos años se ha producido una involución hacia las acciones benéficas en servicios sociales muy alarmante que deja en manos del tercer sector y de las empresas privadas las obligaciones del Estado en materia de garantía de derechos. Por otro lado, la ruptura de la universalización en el sistema sanitario y la escasa cobertura en la garantía de rentas mínimas de dejan a un sector de la población en riesgo de exclusión social.
Entre los trabajadores y trabajadoras sociales existe un grado de acuerdo muy generalizado (de un 90%) con que las medidas de austeridad están afectando sobre todo a las personas más vulnerables de la sociedad. Del mismo modo, este alto consenso también subraya que estas medidas han vulnerado alguno de los derechos humanos de las personas con las que trabajamos.
Las cinco claves ONU
El Comité de derechos humanos de la ONU indica que existen cinco claves para valorar sin los gobiernos a través de sus medidas de austeridad están vulnerando los derechos humanos. Estas claves son:
1. Cuando los gobiernos toman medidas regresiva sobre los derechos de las personas
Las medidas aprobadas por el Gobierno tienen que ver con los recortes sociales, pero también con la modificación o desarrollo de nuevas reformas normativas que han supuesto una involución de los derechos sociales en un país en el que el gasto social es muy inferior a la media europea.
Hemos podido comprobar como se ha ido recortando el presupuesto destinado a los servicios sociales. Los presupuestos Generales del Estado han tenido una reducción media del 26% para servicios sociales en los últimos cuatros años y el Plan Concertado de prestaciones básicas en servicios sociales se ha recortado en casi un 70%. Así mismo, los gobiernos autónomos han reducido una media del 10,5% su gasto en atención social y los ayuntamientos, el 20,8%.
A todo esto, hay que añadir las modificaciones en normativas como:
El Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, que ha provocado el co-pago de medicinas para todos los grupos de población y la pérdida de la universalidad con la exclusión de algunos colectivos sociales.
La Reforma laboral es injusta, lenta e ineficiente, con el aumento de los despidos y la bajada de los salarios.
El endurecimiento de los requisitos de las becas en educación y el aumento del precio de las tasas en las universidades españolas ha provocado que muchos jóvenes no tengan acceso a una educación superior. Además, la reducción de los presupuestos ha provocado la bajada de la calidad de la educación primaria y secundaria de los centros educativos públicos.
Los criterios en las RMI se han endurecido, dejando a muchas familias sin ninguna cobertura económica frente a situaciones sociales de desprotección.
El Decreto aprobado en 2012 sobre la dependencia que ampara la lentitud y dejación en toda la gestión y acaba con la cobertura de la garantía de derechos.
La reforma local que se aplicará en servicios sociales en diciembre de 2015 (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local) rematará los ya mermados servicios sociales. Estos ya padecen una disminución en la calidad en la intervención social, debido a un aumento de la demanda (+74%) y unos recortes en recursos humanos (-33%). Se pone todo el peso en la intervención en emergencia y se deja de lado la prevención, la promoción y la inclusión social. Se limitan los medios para la formación y la calidad, el Trabajo Social comunitario necesita una activación.
La segunda clave que marca la ONU es 2. Cuando estos gobiernos no emplean hasta el máximo de recursos disponibles para garantizar una promoción progresiva
Las medidas de austeridad han tendido un impacto directo y negativo sobre los más desfavorecidos, ante las cuales, el gobierno y las distintas administraciones no han tenido una respuesta que contribuyera a paliar esta situación, sino más bien al contrario.
Según nuestro II Informe sobre los Servicios Sociales en España ISSE II, el 75% de los trabajadores y trabajadoras sociales opinan que el gobierno no ha empleado el máximo de recursos disponibles para evitar la vulneración de derechos humanos de la ciudadanía; y, del mismo modo, de forma abrumadora, el 90% se considera que la administración no ha tenido en cuenta el impacto de las medidas que ha tomado sobre los servicios sociales.
La ONU también determina como indicador 3.Cuando no se consulta por anticipado el impacto de la medida con los colectivos afectados.
No se ha consultado. Es más, se han realizado muchas manifestaciones públicas a las que el gobierno no ha querido escuchar. Nos hemos alzado las mareas ciudadanas por la defensa del bienestar social, la Marea Blanca por la Sanidad, la Marea Verde por la educación, la Marea roja por la ciencia y la Marea naranja por la defensa de los servicios sociales, entre otras.
La ruptura del diálogo social nos ha llevado a participar en muchas plataformas sociales que claman justicia social. Nos hemos vinculado a todas ellas, pero nuestro corazón se ha tenido de naranja defendiendo los derechos sociales más débiles de manera estructural y más devastados coyunturalmente desde la crisis.
Hemos ido viendo como se iban reduciendo los pocos espacios para la participación ciudadana. Muchos de ellos se eliminaron con leyes de racionalización de las CCAA, y cómo se deslegitima la participación de muchas organizaciones por su dependencia de la financiación púbica de los gobiernos
El cuarto punto que indica la ONU es 4.Cuando las medidas que se ponen en marcha afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Más del 70% de los profesionales opina que las medidas aplicadas por el Gobierno han vulnerado alguno de los derechos humanos de las personas con las que trabaja.
La medidas tomadas por el gobierno no solo no han mejorado la eficacia de las mismas, sino que han afectado a toda la población con una cifra de aumento de la desigualdad social, poniendo a España como país de la OCDE donde más ha aumentado la desigualdad social. Los tres españoles más acaudalados duplican en riqueza a los nueve millones de personas que forman el 20% de la población más pobre del país.
La renta de los hogares españoles es ahora más baja que en 2007. En los últimos 4 años se ha producido la caída del 20% del salario de los asalariados temporales, salarios que en España son de los más bajos de la UE-15. También se ha producido la caída del 5% en los asalariados indefinidos. Los Españoles cobramos sueldos de los años 80, han pasado tres décadas. Entre 2008 y 2013 se han destruido 3,5 millones de puestos de trabajo, pasando la tasa de desempleo del 10% al 25%.
Por otro lado, la evidencia del aumento de pobreza que afecta ya a un 21% nos deja un mal sabor de boca. Sus raíces ahondan en la pobreza energética, el desempleo y el agotamiento de las prestaciones debido a la duración de la crisis. También la bajada de los salarios y la precarización del empleo han provocado que el 12% de los asalariados sean pobres.
Nos ha escandalizado el incremento de los desahucios de vivienda de las familias españolas, debidos al desempleo, a la burbuja inmobiliaria y al endeudamiento. Las ejecuciones hipotecarias han aumentado en un 134,13% ya en 2012, según el Consejo general del Poder Judicial.
Pero los trabajadores y trabajadoras sociales hemos detectado en nuestro trabajo cotidianos sin duda dos grupos como los grandes perdedores de la crisis. La infancia y la adolescencia, y las mujeres.
El 90% de los trabajadores sociales consideramos a la infancia y adolescencia como el grupo más afectado negativamente por la crisis. Esto se corrobora cuando comprobamos en diversos estudios de muchas organizaciones que han ido advirtiendo del impacto de las medidas, nos dejan datos como que 1 de cada 3 niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, la tasa de pobreza infantil en España es ya del 36,3% (la más alta de la OCDE después de México y EEUU) y la tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años alcanza el 53,8%. La más alta de la zona euro.
El 76% de los profesionales percibimos esto mismo con las mujeres. El perfil medio de personas que más recurren a servicios sociales son mujeres de 36 a 50 años, casadas, con hijos y una renta en el hogar que oscila entre los 300 y 500 euros.
Los trabajadores sociales basamos nuestras percepciones negativas de las medidas adoptadas por las diferentes administraciones, en nuestra cercanía con las situaciones más difíciles de la realidad social, ante las cuales muchas personas se están quedando desasistidas de los servicios más básicos.
El 71% de lo profesionales conocemos a personas que han perdido el acceso a servicios sociales debido a las medidas de austeridad. Si nos referimos a prestaciones económicas la cifra asciende al 88%, y es de un 80% si hablamos de personas afectadas negativamente por el copago en servicios sociales.
Finalmente, la ONU determina un quinto punto para identificar la vulneración de derechos humanos: 5. Cuando una vez puesta en marcha una medida no se evalúa de manera permanente sobre su impacto sobre las personas
Es de todos conocida la falta de datos a nivel estatal sobre todo en lo que se refiere a los servicios sociales. Si no nos medimos igual es muy difícil que nos podamos comparar.
Por otro lado, existe una carencia manifiesta de evaluación del impacto de las medidas sobre las personas. Solamente un 14% de los trabajadores sociales de los servicios sociales afirman que se han realizado en el lugar donde trabajan algún tipo de estudio para conocer el impacto de los recortes en la labor que realizan. Un 4% responde que no se han hecho hasta ahora pero que se prevé hacerlo. Más de la mitad de los profesionales indica que ni se han activado mecanismos de evaluación ni se espera que se haga y un 28% desconoce la existencia de estos procedimientos.
Consideramos que es el momento de reaccionar desde la política:
Es necesaria la reformulación de la cuestión social. Los mecanismos de la redistribución necesitan hoy ser modernizados y activados de nuevo, en esta época del individualismo exacerbado. Por ello hay que hablar de igualdad en relación con el respeto por la diversidad, la independencia y la participación ciudadana.
La desigualdad plantea un desafío político que puede resolverse con medidas que incidan en la democracia integral y en la redistribución. Para ello hay que poner en marcha una distribución salarial (la subida de los salarios), y políticas fiscales que redistribuyan los ingresos a través de la tributación y las transferencias. Reforzar la protección social es parte de la solución, con políticas de salario mínimo y rentas mínimas de inserción, políticas impositivas progresivas, fortaleciendo la negociación colectiva y la participación ciudadana y eliminando la discriminación de los grupos más vulnerables de la población. Es necesario poner medidas de activación económica que estén acompañadas medidas de inclusión activa para hacer frente al desempleo y la precariedad laboral.
Habría que aumentar la infraestructura social ya que el gasto social por habitante es muy bajo, hay que ver los servicios sociales como generadores de empleo y riqueza. Hay que aumentar el crédito, aumentar el porcentaje de población que trabaje en el sector público como la sanidad la educación y los servicios sociales y el sector financiero público.
Es necesario poner en marcha estudios que midan el impacto de los recortes en su acción social. Y mejorar los mecanismos de información. En muchas ocasiones se habla de evaluación del impacto de medidas pero dichas percepciones no se basan en indicadores fuertes. Así como es necesario reponer todo lo que se ha reducido en los presupuestos, hay que apostar por los sistemas públicos de protección social.
El Consejo General y los 36 Colegios Oficiales del Trabajo Social de España, que representamos a más de 40.000 profesionales, agradecemos esta oportunidad para expresar en el Parlamento Europeo nuestra preocupación por la vulneración de los derechos humanos a través de los recortes en las políticas sociales, por lo que solicitamos apoyo en el proceso de nuestra denuncia.
Somos profesionales que estamos en contacto directo con la realidad social y con las personas. Trabajamos en los distintos sistemas de protección social, sanidad, educación, servicios sociales, vivienda, penitenciarias, justicia… Por tanto, tenemos contacto directo en la intervención social con los servicios sociales, las situaciones de dependencia, la Salud, las RMI, la exclusión social y la pobreza.
Porque conocer las desigualdades no hace que se corrijan, los trabajadores y trabajadoras sociales aquí hoy presentes no queremos solamente dar datos, contar relatos para que nada cambie. Queremos despertar de la parálisis, aspiramos a la IGUALDAD y A LA DIGNIDAD y no sólo a la reducción de la pobreza manifiesta. Queremos un verdadero Pacto social europeo por la protección social y los servicios sociales apoyado por todas las fuerzas políticas.
Apoyándonos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su Protocolo facultativo ratificado y finalmente publicado por España el 25 de febrero de 2013, el Consejo General y los colegios profesionales de trabajo social :
– Invocamos al Parlamento Europeo a que aleguen las citadas normas internacionales en la materia, que ya han entrado en vigor en España.
– Consideramos fundamental que la justicia española las aplique y desarrollen interpretaciones de nuestro Derecho interno coherentes con ellas y trasladables a Europa.
– Pedimos que, ante las vulneraciones de los DESC, se residencien en última instancia los conflictos ante los órganos competentes previstos en los Tratados Internacionales, mostrándonos el camino adecuado para canalizar nuestras denuncias.
Así, mismo apelamos a la voluntad expresada por el Gobierno Español y la Unión Europea en la ratificación de los acuerdos internacionales de DDHH como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 5 y a sus obligaciones internacionales. Instamos al Gobierno Español a reformar las normativas que están impidiendo su cumplimento, como la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en lo referente a los servicios sociales, el RDL de medidas de sostenibilidad de sanidad…
Debemos asegurar la universalidad del derecho a los servicios sociales, a la salud, a la educación, a la garantía de rentas, a la atención a la dependencia y garantizar de manera urgente el acceso a la atención de los sistemas de protección social, así como sanitaria a las personas migrantes, independientemente de su situación legal. Pedimos la reforma de la constitución para el reconocimiento de los servicios sociales como un derecho fundamental.
Los trabajadores sociales aspiramos ha contribuir a que las personas vivan una vida que merezca la pena ser vivida. Es necesario reformular la democracia. Debemos aspirar a la igualdad y que esto quede reflejado en el sistema social, jurídico y económico para procurar una profundización social del ideal democrático que nos ha traído hoy aquí, en el Día de los Derechos Humanos.
¡Esta profesión del trabajo social proclama una vez más que está y estará siempre al lado de las personas!
Después se dio lugar a la continuación de la Jornada con el resto de participantes, si quieres ver los vídeos del resto de representantes se irán mostrando por el canal youtube del Consejo General del Trabajo Social
Mesa sobre dependencias PINCHA AQUÍ
Mesa de Rentas Minimas PINCHA AQUÍ
Mesa de pobreza infantil PINCA AQUÍ
Mesa de cierre PINCHA AQUÍ
