Prensa

La reforma para acelerar los desalojos heredada del PP solo deja siete días a los servicios sociales para actuar

By 26 junio, 2018 No Comments

A partir del 2 de julio una persona podrá ser desalojada de una casa que ocupe sin título legal en menos de un mes a través de un trámite exprés. Esta vía rápida está contemplada en una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil impulsada por el PDeCat y apoyada por PP, Ciudadanos y PNV en el Congreso. La norma, presentada como una forma de proteger a los propietarios –solo personas físicas, no bancos ni inmobiliarias– contra las “mafias”, acelera los tiempos del desalojo y deja un margen de siete días a los servicios sociales para intervenir ante la pérdida de la vivienda.

“En la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordenará comunicar tal circunstancia a los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de siete días, puedan adoptar las medidas de protección que procedan”, dice el texto, publicado en el BOE el pasado martes tras pasar por el Senado sin que se incluyeran nuevas enmiendas.

La mera obligación de informar sobre la situación de las personas que se quedan sin vivienda –introducida a posteriori con las enmiendas en la ponencia del resto de grupos– no garantiza, según varias juristas y trabajadoras sociales consultadas, ni una atención adecuada y en tiempo ni tampoco una alternativa de vivienda para que no se queden en la calle.

El Consejo General del Trabajo Social advierte de que un plazo de siete días responde a una actuación de emergencia que, en cascada, no podrán absorber con los recursos que hay en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. “Nos parece bien que se urja a actuar rápido, pero esto es dar una herramienta judicial pero no social. ¿Han pensado en qué condiciones están los servicios sociales? Estamos sobrepasados, no hay personal para atender”, explica en conversación con eldiario.es la presidenta del Consejo, Ana María Lima.

Lima señala que la modificación de la ley no incluye ningún protocolo especial para atender estos casos y tampoco contempla la escasez de vivienda social que hay en la mayoría de administraciones locales y autonómicas. “Sabemos detectar y actuar, pero necesitamos tener los recursos humanos y el parque de viviendas. Si no, nos quedará una ley muy bonita que no es garantista”, resume.

(leer más)