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Algunas propuestas sobre Servicios Sociales para los partidos políticos de cara a las Elecciones Generales

By 7 octubre, 2015 No Comments
Campaña Derechos Sociales por la Dignidad

Campaña Derechos Sociales por la Dignidad

Desde el Consejo General hemos debatido mucho algunas propuestas sobre servicios sociales de cara a las elecciones generales, os dejo un pequeño resumen:

La necesidad de un Pacto de Estado por los Servicios Sociales y una Estratégica Estatal desde los Servicios Sociales Públicos requiere una serie de acciones:

1. La imprescindible defensa de los Derechos Sociales desde los Sistemas de protección social que no se pueden suplir por la beneficencia y la necesaria denominación como Servicios Sociales de manera explícita de las Concejalías, Consejerías y Ministerios donde recaigan la competencia sobre ellos.

2. Consideramos necesario vincular los Servicios Sociales con los DDHH y con el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) y la protección de los intereses generales de la ciudadanía de cara al Tratado de Libre Comercio (TTIP) entre EEUU y UE . Por ello es fundamental establecer mecanismos de control del cumplimiento del PIDESC, ratificado por España y la importancia del cumplimiento del artículo 5 que requiere la modificación de las normativas que lleven al incumplimiento  de dicho Pacto y poner por encima los derechos sociales de los intereses de los inversores en los procesos de desregulación.

3. Proponemos una reforma de la Constitución para que contemple la garantía de los servicios sociales como un derecho fundamental.

4. Es necesaria la aprobación de una Ley Marco en Servicios Sociales que recoja los derechos subjetivos reconocidos en servicios sociales por las CCAA, que garantice un mínimo marco en todo el territorio estatal.

5. Proponemos la articulación de órganos de consultivos y la creación de un Observatorio en materia de Servicios Sociales donde se tenga en cuenta la participación de los/as  profesiones del ámbito social y a la ciudadanía, ante la necesidad de la elaboración de un nuevo modelo de servicios sociales que se adapte a realidad de los mismos.

6. El nuevo modelo de servicios sociales debe partir de los preceptos de la articulación de un sistema con un marco mínimo común, una buena definición de la Cartera de servicios, la garantía de derechos subjetivos, la ordenación de lo público y lo privado, el establecimiento de un sistema de recogida de datos estandarizado para todos los territorios del Estado, la implantación de un sistema homogéneo de evaluación del impacto de las acciones puestas en marcha y de ratios de atención como garantía de calidad poniendo en valor la I+D+I.

7. Es imprescindible la restitución de los niveles mínimos de consenso y financiación a través del Plan Concertado de Prestaciones Básicas destinado a los servicios sociales municipales mientras se diseña un el nuevo modelo de Plan, ya que éste ha sido mermado en más de un 70% en los últimos años.

8. Es fundamental la derogación del RD 20/2012 del 3 de julio sobre Dependencia y la garantía de financiación suficiente para su cumplimento desde los distintos niveles de la administración, también es necesario implantar de manera generalizada un sistema de atención desde la urgencia. Hay que tener en cuenta que la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia forma parte del IV Pilar de protección social que es el Sistema de Servicios Sociales.

9. Es imprescindible que los servicios sociales tengan garantizada la suficiente financiación y prevalencia de lo público, concibiéndolos como una inversión, como una fuente de riqueza y empleo, además suponen el mejor sistema de redistribución de la riqueza que frene el proceso de crecimiento de la dualización social que vivimos. Hay que procurar su complementariedad con el tercer sector y evitar que éste sustituya a los servicios sociales públicos. Así como debe ser prioritario potenciar el emprendimiento y la economía social desde el cuarto sector.

10. La nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC, el internet 2.0, las redes sociales, la innovación social y la intervención online deben formar parte del trabajo social y los servicios sociales como una oportunidad para la inclusión social, para la investigación social y las nuevas formas de diseño de servicios, de cara a la eficiencia de la acción y la apertura a la comunicación y acceso al sistema. Por ello es necesario el desarrollo de metodologías, la facilitación de medios y acciones para la formación y capacitación tanto de profesionales como de las personas usuarias en esta línea.

11. Necesitamos un Sistema de Servicios Sociales realmente universal y de proximidad, que evite, en lo posible, la excesiva sectorialización existente por colectivos específicos y que implante sistemas estructurales de coordinación entre los diferentes sistemas y distintos niveles de los mismos. Hay que poner en valor la importancia nuclear de la atención básica de los Servicios Sociales Municipales para la atención social integral y para la puesta en marcha de intervenciones comunitarias que potencien la participación ciudadana y la búsqueda de soluciones a las necesidades sociales.

12. Solicitamos la Derogación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local conocida como La Reforma de la Administración Local, en cuanto a su aplicación en servicios sociales ya que puede suponer una merma importante de los servicios sociales municipales, alejándolos de la garantía de acceso y perjudicar de manera especia al mundo rural. Además demandamos que se tenga en cuenta a las organizaciones profesionales en el proceso de elaboración de los Planes para la evaluación, restructuración e implantación de los servicios sociales que deben elaborar las CCAA para la aplicación de esta Ley.

13. Es necesaria la elaboración de Catálogos de referencia de las prestaciones técnicas y de servicios que garanticen los derechos en materia de servicios sociales y la elaboración del desarrollo reglamentario de la normativa en servicios sociales.

14. Las suficientes ratios de profesionales en los Servicios Sociales constituyen una garantía de calidad para la ciudadanía. Con la ratio actual de profesionales por habitantes que es de 1×20.000 no se puede garantizar la calidad en la atención, por ello proponemos una ratio ideal de 1×300, siempre y cuando se valore de manera especial la situación de los pequeños municipios. La ratio propuesta de Centros de Servicios Sociales por número de habitantes es de 1 centro por cada 20.000 habitantes, teniendo en cuenta igualmente de manera la especificidades producidas por la alta dispersión poblacional en el mundo rural.

15. Se platea la expedición de una Tarjeta Social a todas las personas con el fin de identificar la universalidad en el acceso del sistema y la titularidad de derecho a los servicios sociales, dando valor a la figura del profesional de referencia recogido en muchas Leyes Autonómicas de Servicios Sociales y en el Catálogo Estatal.

16. Es necesaria una Modificación de la Ley de Contratación Pública en la que el proyecto técnico deba obtener una puntuación mínima exigible en materia social y laboral, insistiendo en la importancia de la calidad técnica y social y en la dimensión comunitaria del mismo. Es fundamental que respeten los convenios laborales vigentes en el personal que se contrate a través de ellos, promoviendo trabajos dignos según referencias de la OIT.

17. Es fundamental establecer una Garantía de ingresos mínimos en todo el Estado desde un marco normativo homogéneo que garantice por un lado una cuantía económica y por otro el derecho a una prestación social, cuando sea necesario, que procure la inserción a través de un programa de acompañamiento social desde los servicios sociales y un plan de inserción laboral desde empleo. Los Planes de inclusión social deben garantizar el desarrollo de medidas prioritarias en todos los sistemas de protección social que promuevan la inclusión y la participación social y no dejar todo el peso en los servicios sociales.

18. Es necesaria la puesta en marcha de medidas coyunturales para frenar algunas necesidades emergentes que provocan grave desigualdad social como los desahucios y la insuficiencia alimentaria, pero no hay que olvidar por ello las acciones estratégicas a medio y largo plazo. Proponemos la necesidad de crear oficinas de intermediación hipotecaria (OIH) financiadas por el Estado y la Banca que estén vinculadas a los servicios sociales para apoyar a las familias en riesgo de pérdida de vivienda por impago y articular los apoyos complementarios necesarios para evitar el desalojo forzoso. También es necesario el refuerzo de las ayudas económicas para la cobertura de las necesidades básicas desde programas de emergencia de los servicios sociales municipales que garanticen los derechos sociales y la dignidad, evitando, entre otras acciones, el actual sistema de reparto de alimentos y la apertura de comedores escolares en etapas vacacionales.

19. En la puesta en marcha de las medidas coyunturales anteriores hay que poner especial hincapié en las familias donde haya niños y niñas llegando a un Pacto por la Infancia, así como el incremento de becas de material y comedor escolar. De cara a la protección de la infancia desde los servicios sociales es necesario propiciar su participación en todos los procesos de intervención social y dotar a los centros de servicios sociales municipales de equipos profesionales que puedan abordar la labor de la detección del riesgo social y la intervención necesaria de cara a evitar la declaración de desamparo. Es fundamental que desde los Servicios Sociales se pongan los medios para potenciar la participación de la infancia la adolescencia en los como sujeto social.

20. De cara a la estrategia de Coordinación sociosanitaria es importante plantear estas acciones desde la fortaleza de los sistemas públicos y no desde los intereses del mercado, de tal manera que desde servicios sociales y sanidad se garantice el acceso y continuidad de los cuidados a las personas que tengan necesidades de atención desde ambos sistemas. Para ello es necesario establecer un procedimiento que contenga una estructura multidisciplinar y una metodología de trabajo en común basada en la gestión de procesos y la gestión compartida de casos que establezca herramientas comunes como guías, protocolos etc. Sin embargo es importante distinguirla de la Atención sociosanitaria que se puede prestar desde ambos sistemas en función del marco coyuntural del contexto donde se ponga en marcha. Se deben potenciar las buenas prácticas en este ámbito.

II.- PROPUESTAS PROFESIONALES: TRABAJADOR@S SOCIALES

21. La perspectiva de la globalización como fenómeno de mundialización tiene especial incidencia en la profesión del trabajo social, así en los objetivos de la Agenda Global de trabajo social y desarrollo social (2010-2020) se plantea la necesidad de poner el desarrollo humano y social en equilibrio con el desarrollo económico, para ello es necesario la búsqueda de soluciones innovadoras a las necesidades sociales, promover los derechos y la protección social y propiciar la participación y el empoderamiento de las personas. En esa línea es necesario apoyar la denuncia de la vulneración de los DDHH a consecuencia de los recortes sociales y la modificación de las normativas en política social existentes, aplicando las claves de la ONU para evidenciar esta realidad y el seguimiento de la Estratégica Europea 2020, así como la puesta en marcha de los mecanismos de control del PIDESC y la reformulación del TTIP.

22. El trabajo social participa desde la estructura colegial de unas normas, principios y valores estructuradas en tres parámetros, independencia profesional para la autonomía facultativa en la elaboración del diagnóstico social, la responsabilidad profesional en la actuación y la sujeción a un código deontológico y formación específica para la intervención social, por ello es muy importante el respeto a las organizaciones colegiales como garantes de una buena praxis a la ciudadanía y a las instituciones, siendo fundamental para la protección del interés general y de los derechos de la personas para las que trabajamos .

23. Es necesario exigir unos estándares mínimos de calidad a los empleadores de los profesionales en los distintos ámbitos de intervención y la colegiación obligatoria que incluya a los trabajadores de la administración pública, de cara a garantizar buen trato a la ciudadanía y la calidad de la intervención social.

24. Se debe evitar la tendencia actual en la crisis de exigir a los trabajadores y trabajadoras sociales que ejerzan como agentes de control social, ya que su papel es de acompañamiento social a las personas con las que trabajan, propiciando su empoderamiento y participación en su proceso de intervención social. Por ello cobra ahora más que nunca importancia la deontología como un elemento de garantía de la independencia profesional y la calidad en la atención.

25. Se debe garantizar el precepto normativo de la elaboración del informe social por los trabajadores y trabajadoras sociales como garantía de autonomía facultativa en la elaboración del diagnóstico y pronóstico social y en la sujeción a un código deontológico y conocimientos propios y peculiares de la formación especifica titulada y regulada en la materia.

26. Es importante garantizar la participación de las profesiones en el Pacto Social desde la visión como asesores-expertos que conocen de primera mano la realidad social desde los distintos ámbitos en los que ejercen, por ello es importante la participación de la corporaciones profesiones en los órganos consultivos y asesores como garantía del ejercicio de los derechos sociales, del interés general y de la aplicación efectiva de la normativa de los distintos sistemas de protección social.

27. Es necesario hacer el esfuerzo de marcar y cumplir ratios profesionales mínimas en centros de la red básica municipal y los especializados como garantía de la calidad en los servicios sociales.

El documento presentado en el Foro es el siguiente: PINCHA AQUÍ

También os dejo el vídeo del Foro Político con grupos políticos PINCHA AQUÍ Diario.es Foro político Consejo General del Trabajo Social